CCOO y UGT denunciarán al PP en el ayuntamiento de Leganés por persecución sindical

El pasado martes se produjo la contratación interina de dos personas de la bolsa de sustituciones de maestros de escuelas infantiles, saltándose los criterios establecidos en convenio, de tal forma que a las dos personas que les correspondería no se le ofrecen estos contratos, dándoselos a los dos siguientes en la lista. Curiosamente, las dos personas afectadas son afiliadas, una de ellas a CCOO y la otra a UGT.

La delegación de Recursos Humanos del ayuntamiento gobernado por el Partido Popular contrata a dedo al personal, utilizando de forma arbitraria las bolsa de sustituciones.

Ayer viernes hemos tenido conocimiento de que el próximo día 20 se van a hacer otros cuatro contratos interinos en esta bolsa, y además de seguir saltándose a las dos personas mencionadas anteriormente, se inventan un nuevo criterio no utilizado hace tres días para saltarse a otra tercera persona, curiosamente también afiliada a CCOO y componente de la lista electoral por este sindicato en las pasadas elecciones sindicales del 2011.

El concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Alejandro Martín Illarregui está dando el visto bueno a contrataciones arbitrarias, con criterios discriminatorios y que dejan en sus manos la potestad de contratar a una u otra persona en función de no se sabe que intereses. Justamente, el Partido Popular mientras estaba en la oposición, denunciaba supuestas contrataciones irregulares a través de las bolsas de sustituciones.

Todo esto ocurre paralelamente al cierre de una de las Casas de Niños municipales para el próximo curso y en el marco de la nueva política educativa de área única y coincidiendo con un momento critico de la negociación colectiva en el cual el concejal delegado de Recursos Humanos no se compromete a cumplir el convenio colectivo vigente, desdiciendo comunicados públicos del propio alcalde de Leganés Jesús Gómez.

Las secciones sindicales de UGT y CCOO van a poner el caso en manos de sus servicios jurídicos por considerar por un lado que se están utilizando criterios totalmente arbitrarios y discriminatorios que pueden llegar a ser anticonstitucionales y por otro que se está ejerciendo persecución sindical.