El Ayuntamiento de Leganés certifica ante el Ministerio de Hacienda una deuda a proveedores privados de 22,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Leganés certificará hoy ante el Ministerio de Hacienda una deuda a proveedores privados de 22,5 millones de euros, cifra que el consistorio leganense acredita dentro del plan de pagos a proveedores aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 2 de marzo. Una vez recibida esa información en el Ministerio, se publicará una lista que podrá ser consultada por los proveedores. Si figuran en ella podrán acudir a los bancos a cobrar lo adeudado; de lo contrario han de solicitar una certificación a Intervención, que será quien resuelva la reclamación, si lo hace de forma positiva, dicha certificación servirá para cobrar en los bancos.

•Alejandro Martín Illarregui (concejal de Hacienda y Recursos Humanos): “Puedo afirmar tajantemente que en los meses anteriores a las elecciones municipales de 2011 se retuvo la contabilidad de muchas facturas y se ejerció una paralización voluntaria de las mismas para hacer ver que la deuda era menor que la que realmente existía”

•“Hay facturas cuanto menos chocantes, como la de 7.200 euros que el Ayuntamiento ha de pagar a la Universidad Carlos III por un informe encargado por el anterior equipo de gobierno de PSOE e IU con el objeto de demostrar que la desaparición del IMADE implicaba también la de Leganés Tecnológico. Pues bien, IMADE desapareció, Leganés Tecnológico sigue existiendo y el Ayuntamiento tiene que pagar un estudio que no ha servido para nada”

•“Todo esto viene a demostrar que el tiempo pone a cada uno en su sitio, como también ocurrirá con el asunto del colegio concertado de Arroyo Culebro”

Esta cantidad de 22,5 millones de euros está contabilizada a fecha de 31 de diciembre de 2011 y se refiere a deuda líquida, exigible y vencida. La Concejalía de Hacienda ha constatado, además, 1,8 millones de euros de facturas que no han sido incluidas en la cantidad certificada al Ministerio por observarse defectos de forma o irregularidades. Estos defectos no implican necesariamente la incorrección de dichas facturas, simplemente supone que se va a proceder a un estudio minucioso de las mismas para poderlas o no incluir en el apartado enviado al Ministerio de Hacienda.

El primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Alejandro Martín Illarregui, ha asegurado que “puedo afirmar tajantemente que en los meses anteriores a las elecciones municipales de 2011 se retuvo la contabilidad de muchas facturas y se ejerció una paralización voluntaria de esa actividad con el objetivo de hacer ver que la deuda era menor que la que realmente existía”.

Martín Illarregui también ha anunciado que “la próxima semana daremos detalles de facturas que resultan cuanto menos chocantes, aunque pondré como ejemplo un estudio que el anterior equipo de gobierno de PSOE e IU encargó a la Universidad Carlos III con el objeto de que se certificase que la desaparición del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) conllevaría la inmediata desaparición de Leganés Tecnológico”. El edil de Hacienda explica cómo “el informe se encargó después de que la Comunidad de Madrid informara de que las competencias del IMADE las iba a asumir la Dirección General de Innovación Tecnológica, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. A día de hoy, Leganés Tecnológico sigue existiendo, las competencias del IMADE las ha asumido el organismo que he mencionado anteriormente y el Ayuntamiento de Leganés tiene que pagar 7.200 euros por un estudio que no sirvió absolutamente para nada”.

Respecto a este caso, el concejal de Hacienda y Recursos Humanos concluye que “esto demuestra que el tiempo pone a cada uno en su sitio, como ocurrirá con el asunto del colegio concertado de Arroyo Culebro”.

Martín Illarregui cita “otro caso paradigmático de este tipo de situaciones que nos hemos encontrado es el de una factura de 117.000 euros que se ha de pagar a la Universidad Politécnica de Madrid por un estudio sobre telefonía móvil que fue presentado al cobro como finalizado pero que en realidad nunca se acabó y cuyo pago, para más ‘inri’, fue detenido por la Intervención municipal. Otra factura remitida por este mismo proveedor, de 83.000 euros, también fue paralizada por la Intervención municipal”.