WWF: Se estrecha el cerco legal al veneno en España

9 septiembre, 2011

Madrid, 8 de septiembre de 2011 – La Audiencia Provincial de Ciudad Real confirmaba recientemente la condena por uso de cebos envenenados en la Finca El Chiriví (Torrenueva, Ciudad Real). Desde 2004 WWF ha podido conocer cerca de cincuenta condenas penales por delitos de este tipo en todo el territorio nacional. CCAA como Aragón, Asturias, Navarra o Madrid no han dictado ninguna sanción administrativa. Solo Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña están aplicando este tipo de medidas legales.


La justicia confirmaba que, en febrero de 2005, los dos guardas de la finca El Chiriví (Torrenueva, Ciudad Real), “siguiendo instrucciones del arrendatario del coto de caza, con la finalidad de dar muerte a los predadores y con conocimiento de los efectos destructivos para la fauna, procedieron a la colocación de 130 cebos envenenados en trece localizaciones distintas y lazos de los que fueron localizados 331 lazos, más de 100 de ellos sin freno, y 59 lazos para jabalíes, entre otras artes ilegales”.

El Juzgado condenaba así al arrendatario y a los dos guardas de la finca. Las penas, para cada uno de ellos, son de un año de prisión e inhabilitación para la caza por dos años. La resolución se basa en la gravedad de los hechos, la cantidad de cebos envenenados y lazos, así como el potencial peligro que su colocación suponía para especies como el águila imperial ibérica, el buitre negro o el milano real, entre otras.

En toda España, desde 2004, WWF ha podido conocer cerca de cincuenta condenas por delitos de uso de cebos envenenados. Además, las administraciones ambientales han llevado a cabo, en distintas Comunidades Autónomas, un número mayor de suspensiones de la actividad cinegética –como medida recuperadora de la zona afectada por el veneno – sanciones de multa y otras medidas administrativas recogidas en la normativa de caza o de conservación de la naturaleza. En conjunto superan el centenar las sanciones o resoluciones adoptadas.

Destaca la provincia de Lérida con nueve sentencias condenatorias por veneno, catorce personas condenadas y diez cotos de caza cerrados por esta causa, gracias al eficaz trabajo del grupo especializado en investigación en furtivismo y venenos del cuerpo de agentes rurales de esta provincia.

Si bien el número de sentencias va aumentando progresivamente, gracias en buena parte al impulso que ha supuesto la reciente creación de las fiscalías de medio ambiente, sigue siendo insuficiente para disuadir de esta práctica ilegal.

La situación, por CCAA (Ver desglose por CCAA al final de la nota)

En cuanto a las comunidades autónomas, WWF publicaba recientemente un estudio exhaustivo de la lucha contra el veneno en España con completas fichas de la actuación de cada una de ellas y la ‘nota’ obtenida. http://tinyurl.com/3pcutsk. Uno de los resultados más llamativos es que CCAA, como por ejemplo Aragón, Asturias, Navarra o Madrid, no han dictado sanciones administrativas por veneno, pese a registrar gran cantidad de casos y especies envenenadas. Solo Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña están aplicando con cierta regularidad este tipo de medidas legales, aunque, incluso en estas, la eficacia es muy desigual según las provincias.

Luis Suárez, responsable del Programa de Biodiversidad terrestre de WWF España, comenta: “Es necesaria más eficacia en la persecución legal de estas conductas por las administraciones ambientales, ya que la vía administrativa es más ágil y operativa que la vía penal. Gran parte de casos podrían terminar con una sanción administrativa si existe voluntad para ello”

Sanciones por casos de veneno desglose por CCAA

Andalucía: En 2010 y 2011 se han producido resoluciones ejemplarizantes como suspensión o vedado de caza en cotos con episodios graves de envenenamiento en provincias como Almería, Cádiz, Málaga o Granada (en estas dos últimas no se habían producido anteriormente). Sin embargo se echan en falta en provincias como Sevilla o Huelva, donde anteriormente sí se habían tomado este tipo de medidas.

Aragón: No existen sanciones administrativas, a pesar de haber casos muy relevantes de veneno en los últimos años.

Asturias: No hay sanciones administrativas. El uso es, principalmente, por ganaderos contra el lobo.

Canarias: No hay sanciones administrativas, pese a ser frecuente el uso ilegal de cebos envenenados por parte de cazadores y agricultores.

Cantabria: No hay sanciones administrativas por veneno.

Castilla-La Mancha: En 2010 y 2011 solo Toledo y Albacete han suspendido la actividad cinegética por casos de veneno y han sancionado algunos casos.

Castilla y León: En 2010 y 2011 resoluciones de suspensión de caza tras episodios de envenenamiento en varias provincias, como Ávila y Salamanca. Se ha retirado una parte de las ayudas a algunos ganaderos a los que se les ha probado el uso de veneno.

Cataluña: Hay una muy seria labor de persecución y sanción del uso de cebos envenenados en la provincia de Lérida, pero no en el resto de provincias de Cataluña.

Comunidad Valenciana: No hay sanciones administrativas por casos de veneno , pese a ser frecuente este uso en cotos de caza de la Comunidad.

Extremadura: Sólo se conoce una resolución de suspensión de la caza por un caso grave de envenenamiento y fue en 2009.

Galicia: No hay sanciones administrativas, pese a que el uso de cebos envenenados es habitual en cotos de caza y en algunas zonas ganaderas.

Islas Baleares: Escasean este tipo de resoluciones. El último cierre de coto de caza por veneno que conocemos se produjo en 2009.

La Rioja: No hay sanciones administrativas por veneno.

Madrid: No hay sanciones administrativas por veneno en Madrid, pese a ser la provincia con mayor número de casos de envenenamientos de águilas imperiales, junto con la provincia de Toledo.

Murcia: No hay sanciones administrativas por veneno.

Navarra: No hay sanciones administrativas por casos de cebos envenenados. El caso del alimoche es el más conocido en cuanto a su declive en zonas clave de la Comunidad, como Bárdenas (Navarra –Aragón), donde el número de parejas reproductoras caía de 56 en 1989 a 26 en 2007.

País Vasco: No hay sanciones administrativas por veneno.

WWF. Gran Vía de San Francisco, 8. Esc D. 28005 Madrid www.wwf.es

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