Amnistía Internacional presenta el informe Derechos a la intemperie

28 Abril, 2011 0 comments

27 de abril de 2011. Madrid.- En España existe un déficit en la protección jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). El acceso a una vivienda digna o el derecho a la salud no son meras prestaciones sociales, son derechos humanos.


Tanto las leyes como las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, reflejan que estos derechos son tratados como meras prestaciones sociales, lo que se traduce en graves impactos en las vidas de las personas. Especialmente en los 9 millones de personas que viven en la pobreza, en las cerca de 200.000 personas que no tienen cobertura sanitaria pública porque ya no reciben ningún tipo de subsidio de desempleo o porque no han trabajado nunca, o en las miles de personas que pueden ser desalojadas forzosamente de sus casas. Sólo en Cañada Real (Madrid), entre 25.000 y 40.000 personas, según las fuentes, podrían ser desalojadas sin ningún tipo de garantías.

La indefensión se produce en el plano más básico como es el acceso a la información y se agrava cuando se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Derechos a la intemperie.

Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en
España, que Amnistía Internacional ha presentado hoy.

“Estamos hablando del derecho a una vivienda digna y del derecho a la salud, entre otros. Estos no son derechos inferiores a otros derechos humanos. Sin embargo su fuerza legal se ve reducida cuando son regulados con menores garantías y mecanismos para reclamarlos. No proteger estos derechos produce verdaderos dramas humanos”, destacó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

El hecho de no disfrutar del derecho a una vivienda adecuada o no tener acceso a la atención en salud, puede minar además otros derechos, incluso la vida. Exigirlos ante las administraciones y acceder a la justicia cuando son vulnerados son experiencias que para millones de personas en España son completamente ajenas a su realidad El Estado español ha ratificado entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que conlleva el deber de respetarlos, protegerlos y hacer que sean realidad para todas las personas.

“Ante el potencial incumplimiento de estas obligaciones las personas deben estar protegidas. Las autoridades deben instaurar mecanismos claros de rendición de cuentas, que incluyan recursos efectivos, acceso a la justicia y tutela efectiva. La indefensión y los obstáculos legales o en la práctica para exigir estos derechos producen y agravan la pobreza. Esta desprotección nos hace a todas las personas mucho más vulnerables”, señaló Esteban Beltrán.

Derecho a una vivienda adecuada

Diferentes organismos internacionales llevan años alertando a España sobre la
situación de la vivienda. En 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas
afectadas por los desalojos forzosos.

“Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán como sus condiciones de vida empeoran”, manifestó Beltrán.
Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzosos, que se realizan sin
protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional y son considerados como graves violaciones de derechos humanos.

En 2008, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada llamó la atención a España sobre la necesidad de adoptar una política nacional de vivienda basada en los derechos humanos y en la protección de los grupos más vulnerables, de evaluar los efectos de los desalojos forzosos sobre las personas y garantizar la posibilidad de invocar ante los tribunales el derecho a una vivienda adecuada.

Se ocupó también de la relación entre este derecho y la violencia contra las mujeres, al ser ellas las que para ponerse a salvo de sus agresores habitualmente abandonan sus viviendas. Para el relator, la falta de acceso a la vivienda en España puede afectar las posibilidades de estas mujeres para salir de la violencia.

Por último, alertó del alto nivel de endeudamiento de las familias por los créditos hipotecarios, y de que esto podría traer problemas de pago en el futuro. Cuatro años más tarde de ese informe, y según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007, año de inicio de la crisis, hasta finales del 2010 se han iniciado 271.570 ejecuciones hipotecarias. “A pesar de esta cifra, hasta la fecha no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema”, apuntó Beltrán.

Amnistía Internacional ha documentado casos en este informe de desalojos forzosos en la Cañada Real Galiana en Madrid y en el distrito de Sant Martí en Barcelona llevados a cabo sin ningún tipo de garantías de protección para las personas y obviando las obligaciones del Estado en materia del derecho a la vivienda. Asimismo, el informe denuncia la carga policial llevada a cabo en abril de 2010 contra las personas que defendieron el barrio de El Cabanyal en Valencia, ante la degradación provocada seguida de derribos para favorecer la realización de un proyecto urbanístico en el barrio. Por último, la investigación incluye la situación de extrema gravedad vivida por las personas sin hogar de Vigo que no cuentan con un albergue en condiciones, habiendo muerto 37 personas sin hogar en los últimos años.

Derecho a la salud, incluida la salud mental Con respecto a la protección del derecho a la salud en 2009, el Comité Europeo de Derechos Sociales reiteraba a España que el sistema sanitario de salud debería ser accesible para toda la población, pedía información sobre listas de espera y retrasos indebidos en el acceso a la atención sanitaria, y planteaba la necesidad de que se incrementaran las camas hospitalarias y las de atención psiquiátrica.
“Puede existir la percepción de que el derecho a la salud está suficientemente
protegido en España, pero esto no es real. Y desde luego no es una realidad para las personas con enfermedad mental”, dijo Esteban Beltrán.
Según el propio Ministerio de Sanidad, en 2009, existen tres grupos de población que no están cubiertos por asistencia sanitaria gratuita: personas en paro no perceptores de subsidios asistenciales de desempleo, personas que no han trabajado nunca o lo han hecho de manera esporádica o en economía irregular, y personas que ejercen profesiones liberales incluidas en Colegios profesionales, no integradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Entre 90.000 y 180.000 personas de los dos primeros colectivos carecen de cobertura asistencial sanitaria pública y gratuita en España. Unas cifras que podrían ser mayores debido a la crisis económica.

“La situación de las personas con enfermedad mental no es ninguna prioridad para las autoridades españolas. Los recursos existentes para atender a estas personas son limitados, lo que dificulta que se puedan conseguir diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados y eficaces”, manifestó el director de Amnistía Internacional.

Según datos de 2008 de la Organización Mundial de la Salud, España se encuentra en los últimos lugares con respecto al resto de países europeos en lo que se refiere a recursos destinados a la atención de la salud mental, con 6.1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

Obstáculos para la defensa de los DESC

Pese a las obligaciones internacionales contraídas por España, Amnistía
Internacional ha identificado numerosos obstáculos para el cumplimiento de los
DESC.

1. Respaldo jurídico y garantías. Ni siquiera la Constitución Española otorga a
los DESC, a excepción del derecho a la educación, las mismas garantías de
protección que a otros derechos. Son considerados ‘principios rectores’, que
dependerán de leyes específicas. Pero ni las leyes estatales, ni las
autonómicas especifican el contenido mínimo del derecho, ni quien responde
en caso de que no se respeten.

2. Mecanismos de verificación y rendición de cuentas. El principio de
realización progresiva de los DESC, la prohibición de su regresividad, así
como el principio de igualdad con la consiguiente prohibición de
discriminación, son obligaciones que deben ser reforzados por herramientas
y mecanismos de verificación y rendición de cuentas, y que actualmente no
existen.

3. Derecho a la información y a la participación, a expresarse, organizarse
y defenderlos. Cuando no se cuenta con información, o el lenguaje es
excesivamente técnico y opaco, cientos de miles de personas pueden ser
presas fáciles de prácticas abusivas. La ausencia de una ley en España que
regule el acceso a la información, las aboca también a no poder salir de la
pobreza.

4. Recursos legales disponibles, acceso a la justicia y tutela efectiva. La
posibilidad de acceder a la justicia resulta más bien remota para muchas
personas, en el mejor de los casos reactiva ante situaciones críticas, además
de ser costeada en muchas ocasiones por sus precarias economías.

5. Discriminación y estigmatización. Amnistía Internacional ha advertido con
preocupación acerca de la estigmatización producida por algunos discursos
institucionales dirigidos contra las personas de ciertos sectores en situación
de vulnerabilidad en España, lo que acentúa que no sean percibidas por la
sociedad como titulares de derechos, y promueve la indiferencia respecto a lo
que les pueda ocurrir.
“Para las familias en riesgo de pobreza y en circunstancias de espacial necesidad, reclamar protección de los servicios sociales puede significar restricciones graves sobre la vida privada y familiar. Para muchas madres, tanto adultas como adolescentes, la pérdida de la tutela de sus hijos se cierne como una amenaza por carecer de medios económicos”, explicó Esteban Beltrán.

Agenda para proteger los DESC en España

Amnistía Internacional ha presentado una agenda de 10 puntos en la que recomienda al Gobierno central, los Gobiernos autonómicos, Ayuntamientos, Cortes Generales, Parlamentos Autonómicos y Poder Judicial que adopten todas las medidas
necesarias para garantizar en todo el territorio del Estado que las personas puedan
exigir y hacer valer sus DESC, sin discriminación. Entre las peticiones de la
organización se encuentran:
• Que se ponga fin a los desalojos forzosos en todo el territorio del Estado y se
desarrolle de manera urgente legislación estatal y autonómica en materia de
alojamiento en caso de emergencia.
• Que se impulsen cambios legislativos, estatales y autonómicos, que aseguren
por ley el respeto de todos los derechos humanos, incluidos los DESC,
asegurando su eficacia y la disponibilidad de recursos idóneos y accesibles
para hacerlos valer. Y en caso de reforma de la Constitución, ésta deberá
garantizar la máxima protección de dichos derechos.
• Que se adopte una ley de acceso a la información conforme a los criterios
contemplados en el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los
Documentos Públicos y se asegure que las personas cuentan con
información detallada y participan de manera significativa, y sin
discriminación, en las decisiones que les afectan.
• Que se produzcan y publiquen datos que permitan verificar el cumplimiento
de las obligaciones del Estado español en materia DESC.
• Que se garantice el acceso y disfrute del derecho al más alto nivel posible de
salud física y mental para todas las personas, incluidas las que padecen
enfermedades mentales a través de medidas legislativas, a nivel estatal y
autonómico, que doten de respaldo jurídico a este derecho.
• Que se ratifiquen los instrumentos internacionales de protección de los
DESC, y se tomen todas las medidas necesarias para implementar el Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de DESC y para respetar estos derechos
sin demora.

Campaña Exige Dignidad
Amnistía Internacional ha realizado esta investigación en el marco de la Campaña
Exige Dignidad, cuyo objetivo es poner fin a los abusos contra los derechos humanos
que mantienen a las personas en la pobreza, uno de los mayores escándalos de
derechos humanos. La organización viene trabajando a nivel mundial a fin de que los
Estados hagan que los DESC sean ley y cumplan con sus obligaciones al respecto.

Prensa – Amnistía Internacional Leganés

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