España, primer país de Europa en ratificar un nuevo tratado de acceso a la justicia para los derechos sociales. Ahora toca aplicarlo

26 Septiembre, 2010 0 comments

24 de septiembre de 2010. Madrid.- España es el primer país de Europa que se convierte en Estado Parte de un nuevo mecanismo de la ONU que permitirá a las personas acudir en busca de justicia a las Naciones Unidas en el caso de vulneraciones del derecho a una vivienda adecuada, la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos, sociales y culturales, tal y como ya sucede desde hace décadas con los derechos civiles y políticos.


La ratificación ha tenido lugar un año después de que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se abriese a la firma y ratificación de los Estados.

“Amnistía Internacional acoge con satisfacción el paso dado por el Gobierno español. El Protocolo establecerá una herramienta con la que la población de España, especialmente quienes viven en la pobreza, pueda pedir a su gobierno cuentas en relación con sus derechos económicos, sociales y culturales”, ha manifestado Esteban Beltrán, director de la Sección española de Amnistía Internacional. “Ahora, el Gobierno debe llevar más allá su compromiso, garantizando que los mecanismos nacionales, como los tribunales y la institución nacional de defensa de los derechos humanos, pueden hacer cumplir estos derechos”, ha destacado Esteban Beltrán.

“Es una victoria frente a la tesis sostenida por la Constitución española según la cual existen derechos humanos más fundamentales y por tanto más justiciables que otros. No deja de ser, sin embargo, paradójico que esta decisión se produzca en un momento de graves retrocesos en la satisfacción de derechos sociales como el derecho a un trabajo adecuado, a una educación y una sanidad pública de calidad y a una vivienda digna”, en opinión de Vanesa Valiño, directora del Observatori DESC.

El Protocolo permitirá a las personas a las que se les niegan sus derechos –y a las que se les niega el acceso a la justicia en su propio país– que sus quejas sean escuchadas por un grupo de expertos independiente e internacional. Las decisiones que tome este nuevo mecanismo, que serán públicas, probablemente influirán en las decisiones de tribunales nacionales y regionales de todo el mundo.

El Protocolo fue adoptado por consenso por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008, y se abrió a la ratificación en septiembre de 2009. Este mecanismo de presentación de quejas entrará en funcionamiento cuando 10 países lo hayan ratificado.

Además de España, Ecuador y Mongolia han ratificado el Protocolo. Otros 30 países lo han firmado, indicando así su intención de ratificarlo. No obstante, la ratificación es necesaria para que el tratado sea jurídicamente vinculante.

España plasmó su ratificación al día siguiente de concluir la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrada en Nueva York, una cumbre en la que no se han identificado mecanismos efectivos de rendición de cuentas ante las vulneraciones de derechos humanos.

Ignacio Sáiz, director ejecutivo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales, destaca “Las declaraciones del gobierno de España ante la ONU muestran un compromiso con la realización de los derechos económicos y sociales tanto en el ámbito interno como internacional. Sin embargo, sus acciones no siempre han sido coherentes con esas buenas intenciones, como muestran los recientes recortes del presupuesto de cooperación al desarrollo. Los ojos de la comunidad internacional estarán puestos en España, para asegurar que ese liderazgo que ha mostrado con la ratificación del Protocolo Facultativo se refleje en las políticas y en la práctica.”

En la cumbre sobre los ODM, los dirigentes mundiales formularon importantes promesas y pidieron al mundo que confíe en ellos, pero no que les pida cuentas. Para conseguir avances en favor de las personas más pobres del mundo, los Estados deben ratificar el Protocolo y garantizar que en sus países se establecen mecanismos para otorgar remedios efectivos por las violaciones de derechos humanos.

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