Evaluación de los tres primeros meses de la Presidencia española

Madrid / Bruselas.- Tres meses después del comienzo de la Presidencia española de la Unión Europea (UE), Amnistía Internacional está realizando un examen detallado de los éxitos y fracasos de la Presidencia. Ambos se miden en comparación con indicadores concretos y alcanzables que la organización ha establecido en sus recomendaciones para la Presidencia española de la UE.

Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la ausencia en la agenda de la Presidencia española de temas importantes en materia de derechos humanos: no se ha dado ninguna prioridad al trabajo sobre asilo hasta el momento, se ha perdido la oportunidad de emprender iniciativas para garantizar el respeto por los derechos de los inmigrantes en situación irregular en Europa y se ha permitido que la UE siga silenciando deliberadamente la presunta complicidad de algunos Estados miembros en la “guerra contra el terror”.

En general se han producido algunos avances en la lucha contra la violencia de género y la Presidencia ha puesto cierto énfasis en su compromiso con la Directiva Anti Discriminación. Sin embargo, en relación a este último tema, la Cumbre Europea sobre la Población Gitana, que comienza mañana, 8 de abril, será la prueba de que a las palabras les sigue una estrategia seria y, finalmente, acciones concretas.

Amnistía Internacional ha presentado 10 casos de personas en situación de riesgo, tanto dentro como fuera de las fronteras de la UE, a la Presidencia española, incluyendo el caso de un desalojo forzoso de personas de etnia gitana. La Presidencia ha llevado a cabo esfuerzos en 7 de los 10 casos, pero en absoluto en lo relativos a violaciones de derechos humanos dentro de la UE, incluido el caso relacionado con la población gitana. Además, es necesario que la Presidencia española muestre mucha más determinación en los próximos 3 meses en el ámbito del asilo y la inmigración y, finalmente, que ponga fin al bochornoso silencio en torno a la complicidad de algunos Estados miembros en la «guerra contra el terror».

La Presidencia española ha puesto de manifiesto su compromiso para ayudar a poner en práctica los cambios en la Política Exterior de la UE lo más rápido posible. Sin embargo, las respuestas de Exteriores de la UE se están deteriorando y carecen de liderazgo. Todavía quedan por celebrarse una serie de cumbres importantes a lo largo de los próximos tres meses, durante las cuales los derechos humanos tienen que estar incluidos en la agenda.

Trabajar con más determinación

Amnistía Internacional se dirige a la Presidencia española para que aborde con mayor determinación, durante los próximos 3 meses, los siguientes temas de derechos humanos:

1.- Asilo e inmigración.

La Presidencia española ha tenido una oportunidad para elevar los estándares de acceso a los derechos fundamentales. Esta oportunidad se ha desaprovechado, teniendo en cuenta el Plan de Acción del Programa de Estocolmo y la evaluación del Pacto Común sobre Inmigración y Asilo, que aún no abordan la situación reinante de discriminación y explotación. Amnistía Internacional lamenta que no se haya intentado consultar con la sociedad civil a cerca de estos asuntos. En el ámbito del asilo, la Presidencia española no ha demostrado ningún liderazgo, y se mantienen las tendencias, por una parte, a dejar en manos de terceros los controles fronterizos (sin respeto a los derechos de los solicitantes de asilo en virtud del derecho internacional) y, por otra parte, a realizar transferencias internas de solicitantes de asilo (Reglamento de Dublín) sin ninguna consideración acerca de las pésimas condiciones en los Estados miembros, como en Grecia.

«Amnistía Internacional desconoce si la Presidencia española está impulsando el respeto y la protección de los derechos humanos como condición previa al establecimiento de cualquier acuerdo de cooperación en materia de inmigración entre la UE y terceros países. Estamos particularmente preocupados por Libia, donde el tratamiento de los solicitantes de asilo es inferior al estándar en los centros de internamiento de inmigrantes: falta de higiene, escasez de alimentos y de atención médica e incluso deportaciones a países donde las personas pueden ser sometidas a tortura y sufrir otras violaciones muy graves de sus derechos humanos», declara Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la Unión Europea.

Amnistía Internacional celebra que se reconozca la necesidad de establecer un marco apropiado de derechos humanos para las operaciones de FRONTEX y de los Estados miembros, así como el éxito en relación con las directrices para las operaciones de FRONTEX en el mar, pero le preocupa que la práctica cumpla con los estándares requeridos y proporcione un mecanismo robusto de rendición de cuentas suficiente para dichas operaciones.

2.- La «Guerra contra el Terror» y la prohibición de la tortura.

Amnistía Internacional lamenta que la Estrategia Europea de Seguridad Interior, aprobada en el Consejo Europeo, no incluya una mención expresa a la urgente necesidad de emprender investigaciones por la presunta complicidad de los Estados miembros en las detenciones secretas y entregas extraordinarias llevadas a cabo junto a Estados Unidos en el marco de la “Guerra contra el Terror”. Así lo recomendó el Parlamento Europeo en sus Resoluciones de 2007 y 2009, así como el Consejo de DDHH de la ONU que en un informe reciente sobre prácticas globales relacionadas con las detenciones secretas en el marco de la “Guerra contra el Terror”, identificaba a países de la UE (Alemania, Italia, Lituania, Polonia, Rumanía y Reino Unido) por su supuesta complicidad.

“A pesar de que hay indicios convincentes de que algunos Estados miembros de la UE han sido cómplices del programa de detención ilegal y reclusión secreta de la CIA, la Presidencia europea no ha mostrado todavía voluntad política para impulsar la investigación de lo ocurrido, promover la rendición de cuentas y establecer medidas de no repetición. Es hora de que Europa rompa ese silencio”, destacó Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional insta también a la Presidencia española a que impulse la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ya que sólo 13 de los 27 Estados miembros lo han hecho. Amnistía Internacional ha podido saber que la Presidencia española ha pedido expresamente a Bélgica y a Hungría que ratifiquen este instrumento antes de iniciar su mandato como próximas Presidencias de la UE. Pero todavía quedarían 11 Estados europeos por comprometerse con la prohibición absoluta de la tortura.

3.- Política exterior.

Los cambios en el Tratado de Lisboa para la puesta en marcha de la Política Exterior de la UE no permiten el mismo tipo de liderazgo de Presidencias anteriores. La Presidencia española está realizando algunos esfuerzos para acelerar el proceso, pero no está asumiendo ningún liderazgo ante la aparente lentitud y el deterioro de las posiciones europeas en el exterior. La UE no puede permitirse la pasividad y la inacción.

En relación a tratar los derechos humanos en las cumbres con terceros países y en las reuniones de la UE de alto nivel, hemos visto algunos avances positivos durante la pasada cumbre UE-Marruecos, donde se abordaron temas como la libertad de expresión y la libertad de reunión y asociación y la reforma de la justicia.

Sin embargo, Amnistía Internacional teme que los derechos humanos queden relegados a una mera mención en las cumbres que se van a celebrar en este segundo trimestre. En los próximos encuentros con países como Japón, Rusia, México, Egipto, América Latina y Caribe o la cumbre Euro-Mediterránea, no se pueden obviar temas concretos como la pena de muerte, la seguridad de los defensores de derechos humanos, los desalojos forzados, la falta libertad de expresión, la falta de garantías procesales, o las detenciones arbitrarias.

4.- Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Amnistía Internacional valora positivamente el hecho de que la Presidencia española haya asumido el compromiso de impulsar una posición común de cara a la Cumbre de Naciones Unidas sobre ODM, que se celebra el próximo mes de septiembre. Por ello, la organización pide a la Presidencia española que contribuya a incorporar un enfoque de derechos humanos en los ODM, garantizando la no discriminación, la igualdad de género, la participación y la rendición de cuentas de los Estados.

5.- La Comunidad Gitana.

Desde el primer momento, la Presidencia española ha mostrado su compromiso para trabajar por la no discriminación de la comunidad gitana en Europa y su integración. Por ello, la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana, que se celebra mañana, 8 de abril, en Córdoba, tiene que generar un marco de trabajo para la inclusión de las personas de etnia gitana en Europa y la Presidencia debería comprometerse a concretar las Conclusiones del Consejo bajo su mandato. Además, y como mínimo, Amnistía Internacional espera que se establezca la práctica de condenar enérgicamente todos los ataques racistas y las agresiones que se están produciendo contra la población gitana en algunos Estados miembros. Sólo en 2009, hemos sido testigos de imágenes en las que las personas gitanas sufrían disparos en Hungría, eran apedreadas en Irlanda o desalojadas de sus viviendas a la fuerza en Italia, donde el recientemente aprobado Plan Nómadas puede dejar a más de 1.000 personas gitanas sin hogar. Además, los menores gitanos siguen siendo segregados en las escuelas de la República Checa.

«Millones de gitanos viven hoy en día en asentamientos precarios en los márgenes de la sociedad europea. Sin una respuesta política concertada, los desafíos planteados por dicha exclusión no van a desaparecer», concluye Nicolas Beger.

Asuntos que avanzan

Por otra parte, la organización quiere resaltar las cuestiones de derechos humanos promovidas por la Presidencia española y que han obtenido, hasta el momento, resultados positivos.

6.- Directiva Anti-Discriminación.

Reconocemos los esfuerzos que ha realizado la Presidencia española en garantizar el éxito de la nueva Directiva Anti Discriminación cuyo objetivo es poner fin a la discriminación por razones de identidad o género sexual, raza o etnia, diversidad de opiniones y credos religiosos o por razones de edad o de discapacidad. Sin embargo, para Amnistía Internacional es imprescindible que la Presidencia española siga apostando firmemente por la aprobación de la Directiva Anti Discriminación y que siga adelante con ella a pesar de la rotunda negativa de Alemania.

“Amnistía Internacional no puede aceptar una rebaja en los estándares y/o ámbitos de protección que contempla esta Directiva, para conseguir que Alemania la apoye. La oposición de Alemania efectivamente significa que la protección que ofrece a sus propios ciudadanos, se la deniega a millones de personas en Europa que sufren una grave discriminación, tal y como sostienen todos los informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE y también muestra nuestro propio informe», resaltó Beger.

7.- Pena de muerte.

Amnistía Internacional valora que el impulso a la moratoria mundial contra la pena de muerte sea un tema central en la agenda de la Presidencia española. Sin embargo, lamentamos la falta de una condena contundente así como el retraso evidente de la respuesta de la UE a las dos últimas ejecuciones llevadas a cabo en marzo en Bielorrusia, el único país europeo que aún mantiene la pena de muerte.

“La Unión Europea, cuyos Estados miembros han abolido la pena de muerte, es un actor clave en la lucha por la abolición global de este castigo y es hora de que presione realmente para conseguir más avances en países como Bielorrusia o Japón, donde 106 presos esperan cada día a ser ejecutados, entre ellos, Okunishi Masaru, que lleva 38 años esperando su ejecución”, señaló Beltrán.

8.- Violencia de género.

Amnistía Internacional reconoce el gran esfuerzo realizado por la Presidencia española para combatir la violencia de género en el seno de la UE. Considera muy positivo el acuerdo de los 27 para la creación de una Estrategia europea contra la violencia de género. Ésta incluye, entre otras, la puesta en marcha del Observatorio Europeo de Violencia de Género, que debe servir para recoger información y diagnosticar todas las formas de violencia de género. Pero los Estados miembros, entre ellos España, deben ser coherentes con sus compromisos externos y sus actuaciones internas.

“Amnistía Internacional lamenta las contradicciones del Gobierno español en el caso de una mujer nigeriana embarazada. Fue identificada como víctima de trata por ONG especializadas y recibió un informe favorable de ACNUR como solicitante de asilo. Recientemente ha sido repatriada, sin que se le hubiera concedido el periodo de reflexión y recuperación establecido en el Convenio Europeo de la Lucha contra la Trata, a pesar de que entró en vigor en España el 1 de agosto de 2009″, explicó Esteban Beltrán.