Hay que poner fin ya a la exclusión de los romaníes

(Bruselas, 21 de enero) Con motivo de la conferencia inaugural del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2010 que se celebrará en Madrid el 21 de enero, Amnistía Internacional insta a la Unión Europea a que aborde la violación continua de sus derechos humanos que sufre la población romaní en Europa. En una carta dirigida a la Presidencia española de la UE, la organización pide concretamente que se ponga fin a los desalojos forzados de romaníes y a todas las medidas de segregación en la escolarización.

“Los romaníes representan uno de los ejemplos más evidentes de minoría de la UE que sufre tanto la pobreza como la marginación. Parece que todavía es aceptable tratarlos de forma diferente, y esto es totalmente inaceptable”, ha declarado Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la Unión Europea.

Amnistía Internacional pide a la UE que refuerce su compromiso político y actúe para poner fin a los desalojos forzados de romaníes que se están produciendo en toda la Unión, e insta a los Estados miembros a que adopten y apliquen políticas que fomenten la integración de los niños romaníes en el sistema educativo general, prestando especial atención a la discriminación múltiple que sufren las niñas romaníes.

Hay varios datos que indican que los desalojos forzados de comunidades romaníes que viven en la pobreza han aumentado últimamente en la UE. En marzo del año pasado, en la comunicad de Bacula, al norte de Milán, fueron desalojados por la fuerza 150 romaníes que vivían en un paso elevado. El desalojo se produjo sin previo aviso y 70 de ellos fueron dispersados sin que se les diera siquiera un alojamiento alternativo.
Se han producido hechos similares en Eslovaquia y Grecia, donde Amnistía Internacional documentó desalojos forzados que violaban el derecho internacional, cuyos requisitos incluyen un aviso previo suficiente y razonable, una oportunidad de consulta real, recursos legales —incluida la asistencia jurídica gratuita en caso necesario—, una vivienda alternativa adecuada y una indemnización por todas las pérdidas. Después de un desalojo forzado, las personas podrían quedarse sin acceso a agua potable, alimentos, condiciones de salubridad, trabajo, salud o educación. Debido a la función que desempeñan en la familia, las mujeres son las más afectadas por estas privaciones.

La continua segregación de niños romaníes en la escuela es otro motivo de preocupación. En un informe reciente de Amnistía Internacional sobre la discriminación en la educación de los niños romaníes en la República Checa (Injustice Renamed: Discrimination in Education of Roma Persists in the Czech Republic) se denuncia que muchos niños romaníes son enviados a escuelas y aulas destinadas a alumnos con “discapacidad mental leve”. Otros son asignados a escuelas y aulas generales sólo para romaníes, donde reciben una educación de calidad inferior. Estas formas de violaciones de derechos humanos se están produciendo a pesar de una sentencia de 2007 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se declaraba a la República Checa culpable de discriminar a los niños romaníes al asignarlos a “escuelas especiales” .

“Esta forma de segregación sólo aumentará las probabilidades de que los romaníes sean excluidos de la vida pública, y limita las posibilidades de los jóvenes romaníes europeos”, ha afirmado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Con motivo de la Presidencia española de la Unión Europea, Amnistía Internacional ha presentado diez casos de personas de dentro y de fuera de la Unión para poner rostro a las principales preocupaciones de la organización sobre derechos humanos, entre ellos la discriminación que sufre la familia de Erzsébet Fodo por ser de origen romaní.

“Si la UE quiere combatir realmente la pobreza y la exclusión social, debe estar dispuesta a poner fin urgentemente a la discriminación de los romaníes. Una medida concreta sería abordar de inmediato la situación de Erzsébet Fodo y su familia, que viven junto a una planta de tratamiento de aguas residuales en Rumanía, tras ser desalojados forzosamente hace cinco años”, concluyó Beger.