México: Ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos

Londres/México DF.- Las autoridades mexicanas no cumplen con su obligación de proteger a los defensores de los derechos humanos frente a los homicidios y al hostigamiento y las agresiones que amenazan sus vidas, ha advertido hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, titulado Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México, describe más de 15 casos de defensores que han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos entre 2007 y 2009 para impedirles que realicen su labor.

“Defender los derechos humanos en México puede costarte la vida, y el gobierno no hace lo suficiente para resolver el problema”, ha dicho Nancy Tapias-Torrado, investigadora sobre defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional. “Cuando se ataca, amenaza o mata a un defensor de los derechos humanos, se envía un peligroso mensaje a muchos otros y se niega la esperanza a todas las personas en cuyo favor trabaja ese defensor”.

Amnistía Internacional considera que hay decenas de casos de este tipo, que muy pocos se investigan eficazmente y que aún menos se procesan. En ninguno de los incluidos en el informe se ha llevado a cabo una investigación completa, y sólo en dos de ellos se ha detenido a algún sospechoso.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos actúan para proteger y promover los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de proteger a estas personas y de garantizar que pueden desempeñar su trabajo.

Los activistas que trabajan para proteger los derechos de las comunidades que viven en la pobreza, los que defienden los derechos de los pueblos indígenas o trabajan para proteger el medio ambiente corren especial riesgo de ser atacados. Se considera que su trabajo interfiere con poderosos intereses políticos o económicos. Con mucha frecuencia se los ve como personas que ocasionan problemas, no defensores de los derechos humanos que trabajan por una sociedad mejor donde el respeto a los derechos humanos sea una realidad.

Obtilia Eugenio Manuel, fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) en Guerrero, estado del sur de México, ha sido víctima de numerosas amenazas de muerte y actos de intimidación desde 1998.

La campaña de intimidación contra ella se agravó tanto en los últimos años que el miedo obligó a Obtilia y su familia a huir de su comunidad. Por ejemplo, en enero de 2009, un hombre que la había seguido en varias ocasiones le gritó: “Qué, ¿te sientes muy valiente? ¿Eres una verdadera mujer? Ojalá tu también te vayas a la cárcel […] si no te vas a la cárcel, te vamos a matar”.

Ninguna de las amenazas ni de los actos de intimidación contra ella han sido investigados.

Otro caso fue el de Ricardo Murillo Monge, portavoz y miembro fundador de Frente Cívico de Sinaloa (FCS), que fue encontrado muerto en su automóvil en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 6 de septiembre de 2007. Sólo dos años después, el 31 de agosto de 2009, Salomón Monárrez, otro portavoz del FCS, sobrevivió de milagro a un intento de asesinato.

“El gobierno mexicano debe desarrollar urgentemente un programa eficaz e integral de protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos”, ha dicho Nancy Tapias-Torrado.