UGT reclama un marco legislativo estable que considere a la población de origen extranjero como parte de la sociedad

22 diciembre, 2008

UGT valora aquellos aspectos de la reforma que implican el reconocimiento de derechos fundamentales y que trasladan a la ley aspectos acordados en el marco del Diálogo Social en la anterior legislatura. Sin embargo, el sindicato rechaza la regresión en materia de derechos que supone la regulación de la reagrupación familiar, así como el incremento de la duración máxima del internamiento y que no se haya abordado el contenido de la reforma en una negociación entre Interlocutores Sociales y Gobierno en el Diálogo Social. El sindicato reitera la necesidad de un marco legislativo estable, pero sobre todo de políticas que tengan en consideración que la población de origen extranjero forma parte de la sociedad.


Hoy se ha presentado en el Congreso de Ministros el informe sobre la reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España (LOEX) y para su integración social, la conocida Ley de extranjería

Esperamos conocer el contenido definitivo de la reforma que ha sido llevado al Consejo de Ministros para realizar una valoración en profundidad, sin embargo, en estos momentos podemos señalar que valoramos positivamente los aspectos de la reforma de la LOEX que trasladan a la Ley el contenido de lo acordado por Interlocutores Sociales y Gobierno en el marco del Dialogo Social en el año 2004 y en el que abordamos el contenido sociolaboral del Reglamento de esta ley. La determinación de la situación nacional de empleo a través del catalogo de ocupaciones de difícil cobertura, la incorporación de garantías para los trabajadores contratados en origen y el incremento de las responsabilidades de los empresarios que recurren a este tipo de contratación, son elementos positivos que contribuyen a que la ley de extranjería sea un instrumento de la política de migración laboral

Igualmente positivas son las modificaciones que dan cumplimiento a las Sentencias del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libre sindicación de todos los trabajadores con independencia de su situación administrativa

Consideramos que las limitaciones introducidas en materia de reagrupación familiar, no tienen justificación en cuanto que suponen un paso atrás en materia de reconocimiento de derechos. Pero además entran en abierta contradicción, a nuestro juicio, con otras iniciativas del Gobierno, como el Plan de derechos humanos entre cuyas medidas figura la elaboración de una ley de igualdad de trato y no discriminación. UGT considera que no es compatible con la voluntad de garantizar la igualdad, la limitación de ciertos derechos a una parte de la población. Entendemos que especialmente en lo que se refiere a la limitación de la reagrupación, el mensaje que se transmite al conjunto de la sociedad resulta inadecuado e incompatible con una política que debería fomentar la convivencia y la igualdad.

En el mismo sentido, mostramos nuestra preocupación, a la espera de conocer el texto definitivo del Proyecto de reforma, de que uno de los aspectos presentados inicialmente como positivos de la nueva regulación de la reagrupación familiar, la concesión de la autorización de trabajo junto a la de residencia a los cónyuges y a los menores entre 16 y 18 años, no termine implicando que solo se permita esta reagrupación de cónyuges y menores cuando tengan una oferta de empleo que les permita venir a España.

Valoramos positivamente la asunción por parte del Gobierno de propuestas que han mejorado, a nuestro juicio, el texto. Pero lamentamos que, contradiciendo lo acordado por los Interlocutores Sociales y el Gobierno en la Declaración de Dialogo Social de julio de 2008, donde la inmigración laboral figura como una de las materias a abordar en la negociación tripartita, no se haya considerado oportuno someter la reforma de la ley a negociación. De esta forma solo ha sido posible para los Interlocutores Sociales, realizar sugerencias que en algunos casos han sido asumidas por el Gobierno y en otros no.

Reiteramos la necesidad de un marco legislativo estable, pero sobre todo de políticas que tengan en consideración que la población de origen extranjero forma parte de la sociedad española. Es por tanto, necesario, no solo la existencia de una política de inmigración especifica sino, lo que consideramos más importante, que la situación y particularidades de la población de origen extranjero sea tenida en cuenta de manera transversal en el conjunto de políticas públicas para hacer realidad el principio de igualdad de trato y oportunidades

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