Venta de suelo público

15 marzo, 2008

V de Vivienda de Leganés quiere denunciar ante la ciudadanía que el gobierno municipal del Ayuntamiento aprobara en el último pleno la venta de suelo integrado en el Patrimonio Público de Suelo del municipio para la construcción de chalets y otros tipos de vivienda de renta libre.


El reciente informe elaborado por las Naciones Unidas sobre la situación de la vivienda en España señala como uno de los principales males que ocasionan la carestía de la vivienda en nuestro país el hecho de que los ayuntamientos se estén financiando en más de una cuarta parte de sus ingresos con la venta de suelo público, lo cual, aparte de dilapidar la herramienta básica para garantizar el derecho a un alojamiento digno de la ciudadanía, supone incumplir la ley y el mandato del artículo 47 de la Constitución de regular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

La legislación de los años 90 ordenaba que los entonces denominados Patrimonios Municipales de Suelo se destinaran, una vez incorporados al proceso urbanizador, íntegramente a vivienda social pública. Sucesivas reformas de signo ultraliberal y reaccionario han ido suavizando esta exigencia –que la izquierda debería recuperar-, de manera que la actual Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid solamente exige que sean “viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social” (artículo 176).

Lo razonable sería que el gobierno municipal de Leganés, si de verdad es de izquierdas, llegara más lejos de lo que marca la ley y destinara ese suelo a vivienda pública de alquiler, la única que puede resolver a medio plazo el problema de la vivienda de quienes carecen de recursos para acceder a ella. Pero ya es de todo punto intolerable que ni siquiera se cumpla con lo mínimo estipulado por la ley. Porque lo que no se puede jamás es destinar el Patrimonio Público de Suelo para vivienda de renta libre. Causa estupor que un concejal de urbanismo de IU y un alcalde del PSOE justifiquen la vulneración de la ley, situándose a la derecha de la propia ley y favoreciendo con ello la especulación inmobiliaria. Causa estupor tanta desfachatez.

La advertencia de la interventora municipal en su informe de lo antes reseñado es técnica y legalmente impecable, por lo que es más indignante aún que el portavoz de IU tratara de humillarla llevándole la contraria en el pleno. El argumento del portavoz de IU y concejal de urbanismo, Raúl Calle, según el cual en el desarrollo urbanístico donde se ubica el suelo vendido ya se superaba el porcentaje legal de vivienda protegida con creces demuestra simplemente que su ignorancia sobre la legislación urbanística es pavorosa. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra.

La ley ordena que los ayuntamientos formen un Patrimonio Público de Suelo detrayéndolo entre otras fuentes de los aprovechamientos públicos de los desarrollos urbanísticos. El Patrimonio Público de Suelo es el que la ley fija como garantía esencial del derecho a la vivienda, y cabalmente por ello sólo puede destinarse en el proceso de urbanización a vivienda protegida. El porcentaje mínimo de vivienda protegida que el portavoz de IU cree ya sobrepasado se refiere siempre al resto de la unidad; el Patrimonio Público va aparte y no se contabiliza; su destino es vivienda protegida en el cien por cien.

Por último, la declaración del alcalde, Rafael Gómez Montoya, de que está dispuesto a vender todo el suelo público para “cumplir el programa electoral”, aparte de rozar un pronunciamiento expreso a favor de incumplir la ley, supone una muestra absurda de arrogancia. ¿Qué programa electoral justifica destruir el patrimonio básico municipal que puede garantizar resolver uno de los mayores problemas sociales de la ciudadanía, como es el de la vivienda? ¿Qué se quiere financiar malvendiendo suelo público, un programa o decenas de cargos de confianza puestos a dedo? ¿Qué tipo de político puede alardear de privatizar todo el suelo de una ciudad? Desde luego no uno al que pueda llamarse de izquierdas bajo ninguna acepción imaginable de tal término.

V de Vivienda llama a la ciudadanía a protestar contra esta dinámica terrible de privatización de suelo público (porque de privatización se trata) y a defender un patrimonio que a todas y todos nos pertenece y que ningún representante institucional tiene derecho a destruir.

V de Vivienda insiste en su campaña de recogida de firmas para que el próximo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad sea debatido en asambleas ciudadanas por barrios y aprobado en referéndum, con la máxima información sobre todo referida a propiedad de suelo. La participación ciudadana, una vez más, se demuestra la única vía para frenar tropelías como la aprobada por el pleno municipal del pasado martes.

V de Vivienda de Leganés
(Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna)

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