El Grupo local SEO-Vanellus apoya a los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

20 julio, 2007

Con motivo de la posible aprobación en la Asamblea de Madrid de la conocida como “Ley de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid”, el grupo local de la Sociedad Española de Ornitología, SEO-Vanellus, desea mostrar su total apoyo a los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.


La entrada en vigor de esta ley incapacitará a los Agentes Forestales para investigar delitos ambientales cometidos en fincas de privadas. Esta prohibición supone un retroceso de más de 60 años y un gran varapalo a todos aquellos que luchamos por tratar de conservar la ya de por sí maltrecha naturaleza de la Comunidad de Madrid. Por si esto fuese poco, la ley presenta indicios de inconstitucionalidad, al incumplir la “Ley Básica de Montes” y la “Ley de Enjuiciamiento Civil”, retirando a todo agente forestal su capacidad de ser agente de la autoridad. La protección de la naturaleza en nuestra comunidad quedaría por tanto en manos de sólo una treintena de efectivos del SEPRONA, que deberán añadir a su ya sobresaturado trabajo, las tareas realizadas por los Agentes Forestales, de forma que les será imposible atender todas las denuncias.

Entendemos que la aprobación de esta medida no beneficia a nadie salvo a aquellos que hasta ahora se dedicaban a atentar a escondidas contra el medio ambiente, y que con la aprobación de esta ley, podrán hacerlo con mayor impunidad y sin miedo a ser descubiertos. Es de tal gravedad la situación que genera esta propuesta de ley que, de no poner remedio, podría en pocos años llevar al colapso absoluto de muchos de nuestros parajes naturales. Además se crea un precedente que podrían aprovechar otras Comunidades Autónomas que, al igual que la nuestra, basan su desarrollo en el ladrillo, el golf y la construcción.

La opinión pública tiene derecho a conocer los atroces ataques a los que el medio ambiente de la Comunidad de Madrid se encuentra sometido a diario. Medidas como esta demuestran que la política medioambiental del gobierno de Comunidad de Madrid antepone claramente los intereses de una minoría de grandes propietarios a los de la protección del patrimonio natural de todos los madrileños.

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