El PSOE reclama a Aguirre que pida perdón a los profesionales del Severo Ochoa y que reconsidere su decisión de mantener a Lamela en el gobierno.

23/06/2007

Gómez Montoya exige a Guadalupe Bragado que pida perdón por su actitud contra los profesionales de Leganés cuya inocencia ha quedado demostrada.


La portavoz del PSOE en la Asamblea, Matilde Fernández, tras conocer que se ha sobreseído el caso del Severo Ochoa de Leganés, señaló que Aguirre debe reflexionar y reconsiderar su decisión política de mantener en el Gobierno regional al anterior consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por ser éste el principal responsable político del mayor ataque que ha padecido el sistema sanitario público.

Rafael Gómez Montoya, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Leganés, exige por la presente que «Guadalupe Bragado pida perdón públicamente por su actitud durante las declaraciones de los médicos, ya que Bragado ha seguido, como siempre, a pie juntillas las directrices de Lamela y Aguirre, avasallando la presunción de inocencia de los médicos, haciendo eco y apoyando en sus discursos todas las falsedades que se han publicado durante estos meses en diversos medios de comunicación, e incluso organizando el pasado mes de septiembre una contramanifestación que se saldó con incidentes y en la que tomaron parte varios concejales del PP de Leganés y otras ciudades de Madrid, entre los que se encontraba ella misma».

«Guadalupe Bragado tiene que explicar todo esto y pedir perdón a la ciudadanía, a los profesionales de la sanidad y a los que nunca creímos en esa denuncia anónima que Manuel Lamela llevó al Juzgado, ya que sólo ha respondido al intento de desprestigiar un Hospital público modélico al objeto de favorecer el proceso privatizador de la sanidad pública en nuestra región», concluye Gómez Montoya.

Matilde Fernández reclamó a la presidenta Aguirre y al anterior responsable de la sanidad regional, Manuel Lamela, que pidan perdón a los profesionales médicos del Hospital Severo Ochoa de Leganés por haberles tenido durante dos años sometidos a un proceso judicial, ahora sobreseído, que además del desprestigio profesional tiene otras serias consecuencias personales. «Que nos digan ambos dirigentes del PP quién va a reponer ahora el honor maltratado de estos profesionales de la sanidad y de sus familias», dijo la portavoz.

La diputada regional también considera que Manuel Lamela debe asumir las consecuencias de este error político y social y que, por su parte, la recién nombrada presidenta regional Esperanza Aguirre «debe reflexionar sobre su decisión política de mantener en el gobierno a Manuel Lamela», aunque éste ocupe ahora otra área distinta a la sanitaria.

Los socialistas consideran que la resolución da por cerrado el caso de las p resuntas sedaciones irregulares (dice literalmente una vez escuchados sobre su manera de obrar, la instrucción parece agotada y no debe ir más allá, ya que, por más que pudiéramos profundizar y proseguir, no se llegaría en ningún caso a encontrar elementos bastantes para, por dolo eventual o por culpa, responsabilizar criminalmente a los imputados por las muertes de sus pacientes tras las sedaciones) aunque consideran que ha tardado demasiado tiempo en hacerse pública, un lapso temporal que obliga, según Fernández, a «al menos preguntarnos por las razones de la tardanza».

Lo que queda claro es que no hay relación alguna entre la actuación de los profesionales y el fallecimiento de algunos pacientes, «que era lo que precisamente buscaba Lamela, que buscaba responsabilidad penal y en este sentido el juez ha dejado muy claro que ésta no existe». Matilde Fernández recordó finalmente que durante muchos meses de la anterior legislatura los socialistas madrileños advirtieron al Gobierno regional del «desatino que estaba cometiendo con el Severo Ochoa».

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