El Ayuntamiento inspecciona la adjudicación de 437 viviendas protegidas para evitar irregularidades

La Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) anunció que investigará la adjudicación de las últimas 437 viviendas protegidas que se construirán en los Planes Parciales números 6 y 8 -en las zonas de Solagua y Ensanche de Vereda de los Estudiantes-, cuyo sorteo se realizó el pasado 28 de noviembre en plaza de toros La Cubierta ante 11.400 aspirantes.

El presidente de EMSULE, Raúl Calle, aseguró que el objetivo de esta medida es comprobar que «no se han producido irregularidades entre los aspirantes». Así, se les exigirá nuevamente la documentación para comprobar, por ejemplo, que no son propietarios de otra vivienda en la región.

Posteriormente, cuando los pisos estén construidos, los responsables de EMSULE designarán inspectores que intentarán impedir que los adjudicatarios vendan sus viviendas protegidas bajo contratos privados, sin escriturar, por encima del precio tasado y antes de los diez años que marca la ley, una práctica que empieza a ser habitual.

En este sentido, Calle advirtió de que, en caso de detectarse cualquier anomalía, la sanción podría derivar en «la retirada del derecho del adjudicatario a ocupar la vivienda». «Estamos dispuestos a ir incluso a los tribunales», explicó el presidente de la empresa pública leganense, quien informó de que EMSULE ya ha detectado algunos casos de especulación.

Por su lado, el gerente de la empresa, Enrique Olmedillas, precisó que «es un sistema de control para, en el momento en que detectemos cualquier irregularidad, ejercer nuestros derechos con denuncias y multas por incumplimiento de contrato». La iniciativa, según el directivo, pretende evitar que los adjudicatarios de estas viviendas protegidas -cuyos precios oscilan actualmente en Leganés entre los 81.737 y los 111.187 euros- puedan vender antes de los diez años.

La implantación de este mecanismo se acordó después de que los responsables de EMSULE detectasen que, en cada Pleno municipal, hay al menos una petición para que el Consistorio leganense ejerza el derecho de tanteo y retracto sobre viviendas adjudicadas recientemente, lo que hace sospechar sobre la existencia de gente que «vende las viviendas bajo documentos privados», según Olmedillas.