La Agencia de Protección de Datos no dictará ninguna sanción “hasta que no finalice el proceso penal”

27 Mayo, 2005 0 comments

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid no dictará ninguna sanción administrativa por la denuncia interpuesta por la Comisión de Libertades e Informática (CLI), a raíz de la publicación de archivos sobre pacientes del Hospital Severo Ochoa de Leganés, “hasta que no finalice el procedimiento penal” que se encuentra en curso, según afirmó hoy el director de este organismo, Antonio Troncoso.


El máximo representante de la Agencia se basó en el principio constitucional “non bis in idem”, que establece que “un mismo hecho no puede existir y dejar de existir para dos poderes públicos”, para señalar que su departamento está “obligado a esperar a qué se deduce del relato de hechos del procedimiento penal” para, una vez que éste haya finalizado, “poner en marcha el procedimiento administrativo sancionador”.

“Este suceso que ha ocurrido en el Hospital Severo Ochoa de Leganés está siendo investigado por el fiscal –argumentó–. En este caso existe una preferencia del procedimiento penal sobre el procedimiento de sanción administrativa”.

De la misma forma, prefirió no pronunciarse en público sobre este asunto al ser “la persona o el órgano unipersonal que va a tener que resolver después el procedimiento de infracción administrativa”. “Creo que es bueno dar confianza, demostrar imparcialidad y no prejuzgar la resolución posterior”, indicó Troncoso, quien añadió que “no es bueno que dé ninguna opinión sobre este expediente porque podría ser un supuesto de recusación en un trámite posterior”.

PRADA RESPALDA A LAMELA

Por su parte, el vicepresidente regional segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, que asistió a la presentación de la Memoria 2004 de la Agencia de Protección de Datos madrileña, se mostró convencido de que la Consejería de Sanidad “ha tenido en todo momento una actuación seria, rigurosa y ajustada a la legislación vigente” en el caso de las sedaciones a pacientes terminales del Severo Ochoa.

“Todo este tema está bajo el amparo y la tutela judicial y, desde luego, es un principio fundamental del derecho que, en tanto en cuanto los tribunales de Justicia no se pronuncien, la vía administrativa quede paralizada e interrumpida”, afirmó.

En este punto, el número tres del Gobierno regional dejó constancia de que la Agencia de Protección de Datos es “un órgano absolutamente independiente” del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, ya que, según dijo, “tiene absoluta libertad para la incoación de expedientes cuando lo considere oportuno”.

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